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Garantías de reparación de los electrodomésticos . : Archivos : .
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Tuesday, October 17, 2006Garantías de reparación de los electrodomésticosRecuerde que cuando adquiere un producto, también tiene derecho a exigir la reparación de ese producto si se estropea, siempre y cuando, eso si, que no se haya hecho un uso indebido del mismo. Asegúrese de que la marca tiene un adecuado servicio de asistencia técnica. Desconfíe de la publicidad en la que aparece un número de teléfono de tarificación adicional, es decir, más caro (los 803, 806, 807...) o un móvil y no se indica un domicilio. Conserve, junto al manual de instrucciones de los aparatos que compre, la tarjeta de garantía y la factura o ticket de compra. Durante los primeros seis meses de garantía de un producto nuevo se presupone que el daño o avería viene de fábrica y el vendedor debe asumir los gastos de la reparación, tanto piezas, traslado, como horas de trabajo. Si han pasado esos seis meses, es el consumidor quien debe demostrar que el fallo viene de origen y que no ha sido provocado por un mal uso del producto (si así lo requiere el vendedor). No manipule el aparato porque perderá el derecho de reclamar, aunque el defecto provenga de fábrica. El tiempo de la garantía queda en suspenso durante el tiempo que el electrodoméstico esté en reparación. La garantía legal y obligatoria del fabricante es de dos años. La garantía comercial, la que cada fabricante, vendedor, etc. añade voluntariamente a la legal, es interesante porque amplía el plazo legal de dos años. Pero no olvide que suele tener limitaciones frente a la obligatoria y que en algunos casos está condicionada al cumplimiento de determinados requisitos. Es habitual, por ejemplo, que establezca que el desplazamiento o las piezas tengan que abonarse. No olvide que los bienes de segunda mano comprados a un empresario o profesional también gozan de una garantía mínima de un año. La garantía legal y obligatoria del fabricante es de dos años Sepa que puede exigir una indemnización por los daños o perjuicios derivados de la avería y el tiempo de reparación. Esto es, si adquiere una nevera y se estropea a la semana de compra, además de solicitar que se haga efectiva la garantía, puede exigir una indemnización por los alimentos que se han estropeado ante el mal funcionamiento del electrodoméstico. Sin garantía, pida presupuesto Si la garantía ya ha vencido, pida presupuesto en varios talleres de reparación, además de al servicio técnico. Sondee por teléfono si merece la pena hacer la reparación, cuánto puede costarle, cuánto cobran por mano de obra y desplazamiento... Si comprueba que le interesa, pida el presupuesto por escrito. Debe detallar el precio final de la reparación, que habrá de incluir tanto la mano de obra como la sustitución de piezas y los gastos de desplazamiento, si los hubiera, las llamadas "salidas". Si no consta el IVA ni se dice expresamente "no incluido" se entiende incluido en el precio final. No olvide que sólo está obligado al pago de la elaboración del presupuesto cuando, tras haberlo solicitado, no lo acepte. Por la elaboración del presupuesto pueden cobrarle los siguientes importes: Para pequeños aparatos de uso doméstico: el importe correspondiente a quince minutos de mano de obra. Para línea blanca: el correspondiente a treinta minutos. Para línea marrón y electrónica: el correspondiente a una hora de mano de obra. Si no acepta el presupuesto, le deben devolver el aparato en las mismas condiciones en que lo entregó. El presupuesto entregado debe ser válido hasta 30 días después de su comunicación. Recuerde que en periodo de garantía no le pueden cobrar el desplazamiento, la mano de obra, las piezas ni los impuestos. Si no está en garantía, es preferible que usted lleve el objeto a reparar. Evitará gastos. Sólo le pueden cobrar una vez por desplazamiento a su domicilio. No importa si el arreglo conlleva varios viajes o si han acudido a la casa y no han podido trabajar porque estuviera ausente. Si la reparación se realiza en casa, tiene derecho a que le informen con antelación de las tarifas de reparación. Esté o no en garantía, solicite un resguardo en el que se justifique la entrega del electrodoméstico. Para ello el aparato deberá estar identificado: marca, línea, serie, etc. Antes de llevarse el aparato a casa, o de que el técnico se marche, compruebe que funciona correctamente. Una vez realizado el arreglo, retire el aparato cuanto antes. Pueden cobrarle en concepto de consigna por día de almacenaje a partir del plazo de un mes desde que se le comunicó que pasara a recogerlo. Solicite, incluso si está en garantía, una factura detallada en la que se especifique el CIF de la empresa, la reparación efectuada, las horas de trabajo, el precio de la mano de obra, las piezas sustituidas, el IVA y el plazo de garantía de la reparación. Sepa que los talleres de reparación deben exponer de forma clara y visible los precios por hora de reparación y los gastos de desplazamiento. Cerciórese de que las piezas sustituidas son nuevas. Tiene derecho a que le entreguen las antiguas. La garantía mínima de reparación es de tres meses y cubre también los desplazamientos y las piezas reparadas o sustituidas, por eso es fundamental que conserve durante dicho periodo la correspondiente factura. Información tomada de: http://revista.consumer.es/web/es/20050601/practico/consejo_del_mes/  
Thursday, July 06, 2006Consecuencias de no atender una notificación de una multa a través del BOP.1. Multa de 302 a 1500 euros y retirada del permiso si no identificamos al conductor ante el requerimiento publicado en el BOP. 2. Pérdida de la bonificación del 30% al 50% del importe de la multa. 3. No poder recurrir en plazo ante la notificación de la denuncia ( 15 días ) o presentar recurso de reposición o alzada en el plazo de 1 mes. 4. Recargos del 20% y posible embargo en cuentas o propiedadas ( Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. ), por procedimientos no abonados en periodo voluntario. 5. La posibilidad de pérdida de puntos del permiso de conducir por desconicimiento de la sanción. ( A partir del 1 de Julio de 2006 ). Según el Articulo 72.3 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial. 3. El titular o el arrendatario del vehículo con el que se haya cometido una infracción, debidamente requerido para ello, tienen el deber de identificar verazmente al conductor responsable de la infracción. Si incumpliera esta obligación en el trámite procedimental oportuno, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de la infracción muy grave prevista en el artículo 65.5.i.En los mismos términos responderán las personas especificadas en el párrafo anterior cuando no sea posible notificar la denuncia al conductor que aquellos identifiquen, por causa imputable a ellos.Las empresas de alquiler sin conductor a corto plazo, acreditarán el cumplimiento de la obligación legal de identificar al conductor responsable de la infracción mediante la remisión, al órgano instructor correspondiente, de un duplicado o copia del contrato de arrendamiento donde quede acreditado el concepto de conductor de la persona que figure en el contrato. Más información en (página comercial): http://www.alertasbop.com/
Sunday, June 25, 2006Los bienes comunalesEl Texto Refundido de la Ley de Régimen Local de 1986 añade a los bienes demaniales y a los patrimoniales, los bienes comunales. Esta clase no aparece en los bienes estatales y autonómicos. La legislación asigna su titularidad al municipio y la Constitución Española los asimila a los bienes de dominio públic
La Ley 43/2003 de Montes califica de bienes de dominio público: a) Los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública. b) Los montes comunales pertenecientes a las entidades locales, en tanto su aprovechamiento pertenezca al común de los vecinos. c) Aquellos otros montes que, sin reunir las caracteristicas anteriores, hayan sido afectados a un uso o servicio público.
El Derecho español disocia la riqueza del subsuelo de la titularidad de la superficie. Aunque el Código Civil, en su artículo 350 precribe que el propietario del terreno es dueño de su superficie y de lo que está debajo de ella, con sujeción a lo dispuesto en las Leyes sobre Minas y Aguas, lo cierto es que cada vez se impone la hipótesis más restrictiva, ya que se limitan o sustraen del propietario otras utilizaciones del subsuelo como ocurre con las aguas subterráneas (Ley de Aguas de 1985).
Aparece esta denominación en el Código Civil, pero no así son reconocidos en el Dercho francés o italiano. Según el artículo 339 se ejemplifica las minas. Lo cierto es que las minas, una vez que se han concedido, no están afectadas a un servicio o uso público, sin embargo la doctrina así las considera. Otros bienes de este tipo son los hidrocarburos, las aguas terrestres, las minero-medicinales y el demanio marítimo.
El Patrimonio Real de España se denomina ahora, indebidamente, Patrimonio Nacional, según lo previsto en la Ley 23/1982 y su Reglamento de aplicación. Son aquellos muebles e inmuebles afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la familia Real, como son los Palacios de Oriente, de Aranjuez, de El Escorial, etc.
El Código Cicil consideró estos bienes afectados a un servicio público a los de titularidad estatal. Pero la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas los amplia todos los de titularidad pública, es decir, también al servicio de la administración local y la autonómica. Bajo este concepto son los edificios en los que se alojan oficinas o servicios de cualquier tipo, bastando que estén afectados a un servicio público.
Son estos los bienes demaniales por naturaleza, tales como ríos, torrentes, riberas del mar, caminos, canales, puentes, etc. La legislación local los ha ampliado a carreteras, plazas, calles, etc. Este número no se agota con la enumeración del Código Civil y la legislación local, sino que se entiende es abierta. En el demanio natural, en el que se incluyen aguas terresters y marítimas, ha de incluirse el mar litoral y el espacio aéreo. Ultimamente, el espacio radioeléctrico también se ha visto incluído en el dominio público, tal y como ha adminitido el Tribunal Constitucional.
Según la Constitución Española son bienes de dominio público estatal, los que determine la Ley, y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de las zona económica y la plataforma continental. Por otra parte, la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, considera bienes y derechos de dominio público a todos los que siendo de titularidad pública, están afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales. Consecuentemente, podemos establecer una clasificación que ampliaremos en los siguentes posts: - Bienes afectados al uso público - Bienes afectados a un servicio público - Bienes afectados a la Corona - Bienes afectados al fomento de la riqueza nacional (las minas) - Subsuelo no minero - Montes públicos - Bienes comunales
Monday, June 19, 2006¿Qué son los bienes públicos?Son los bienes de que disponen las administraciones y los que están afectados a un uso público. Existen dos tipos: bienes de dominio público y bienes patrimoniales. Los bienes de dominio público o bienes demaniales son los que pertenecen a un ente público y están afectados a un uso público, un servicio público o al fomento de la riqueza nacional. Ejemplos: una calle, un instituto de enseñanza o las aguas. En cambio, los bienes patrimoniales pertenecen a las administraciones, pero no están afectados a un uso público, un servicio público, ni al fomento de la riqueza nacional, como, por ejemplo, el capital de sociedades públicas.
Son los siguientes: - En el momento que se produce estar afiliado a la Seguridad Social, en alta o situación asimilada al alta. - Encontrarse en una situación de incapacidad temporal, cuya prueba son los partes médicos de baja y de confirmación de la misma. - En el caso de enfermedad común, tener cumplido un periodo de cotización de 180 días dentro de los 5 años anteriores al hecho causante. Este periodo no es exigible en el caso de accidente o enfermedad profesional.
Puede ser debida a enfermedad común o profesional (relacionada con el trabajo).
Aparece recogida en el artículo 128 de la Ley de la Seguridad Social. Es aquella situación en la que el trabajador se encuentra imposibilitado para prestar su actividad laboral como consecuencia de una alteración de la salud, recibiendo asistencia sanitaria de la Seguridad Social y en proceso de curación.
Son los siguientes: - Concurrencia mínima de 50 empresarios y 30.000 trabajadores. - Su actividad debe estar limitada a la protección, en régimen de colaboración, de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional, así como a la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de las contingencias comunes. - Prestar fianza para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.
Son las siguientes: a) Colaboración en la gestión de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedades profesionales (contingencias profesionales), prestando asistencia sanitaria y el pago del correspondiente subsidio. b) La realización de actividades de prevención, recuperación y demás previstas en la Ley de la Seguridad Social. c) Colaboración en la gestión de la prestación económica de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes (enfermedad común y accidente no laboral). La mutua no asume la gestión sanitaria, sino sólo el pago del subsidio por incapacidad temporal, declarando el derecho al mismo, o su denegación, suspensión o extinción. d) Cuantas otras les sean atribuídas legalmente.
Su regulación está contenida en el Real Decreto 1993/1995, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Son asociaciones debidamente autorizadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, constituidas sin ánimo de lucro por empresarios que asuman una responsabilidad mancomunada y con el principal objetivo de colaborar en la gestión de la Seguridad Social, sin perjuicio de la realización de otras prestaciones, servicios y actividades que le sean legalmente atribuídas.
Así es y así está establecido en varios artículos. El artículo 41 de la consitución Española establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos. También el artículo 43 reconoce el derecho a la protección de la salud, es decir, el derecho a la asistencia sanitaria. Por otra parte, los artículos 49 y 50 hacen referencia a los derechos de los minusválidos y de la tercera edad.
Evidentemente, cuando haya defectos en el procedimiento o vulneración de los derechos fundamentales. Nosotros, no recomendamos (pese a que otros juristas así opinen), presentar alegaciones a todas las multas sistemáticamente, ya que, según la actual legislación, la presentación de un pliego de cargos anula la reducción del 30 % por pronto pago. Es un pensamiento común entre la población que las denuncias efectuadas por la Guardia Civil están más fundamentadas jurídicamente y, por tanto, las alegaciones son más difíciles que las de las policías municipales y mossos d'Esquadra. Nosotros no opinamos al respecto porque cada caso es un mundo. Lo que sí decimos es que si hay que denunciar, que se denuncie con todas las consecuencias, pero también con todas las garantías legales. Lo contrario, es abuso de poder, y esto, en democracia, es algo gravísimo.
Saturday, June 17, 2006¿Qué diferencia hay entre el Derecho Público y el Derecho privado?Las normas de Derecho privado son las que tienen por destinatario a todos los sujetos en general, y las normas de Derecho público son las que tienen como destinatario al Estado o a las Administraciones Públicas como sujetos del Derecho. Así, por ejemplo, el Derecho Civil, el derecho de los ciudadanos, sería Derecho privado, lo mismo que el Derecho Mercantil, el Derecho de las empresas. Ejemplos de Derecho público sería el Derecho Administrativo, el Derecho de la Administración, como el Derecho Tributario, el Derecho que estudia los impuestos.
Una de las definiciones más simple y descriptiva es la de Zanobini: el Derecho administrativo es aquella parte del Derecho Público que tiene por objeto la organización, los medios y las formas de la actividad de las Administraciones Públicas y las consiguientes relaciones jurídicas entre aquéllas y otros sujetos. Las normas administrativas tienen como destinatario a una Administración pública; Pero esto no supone que éstas no puedan utilizar o formar parte de relaciones jurídicas reguladas por normas no administrativas. La forma en que una norma administrativa tiene como sujeto destinatario una Administración pública admite diversas formas: - En unos casos, la norma tiene como destinatario único y preferente a la Administración pública, como las que regulan la organización administrativa, cuya efectividad y aplicación no reclama la presencia de otro sujeto. - En otros casos, otro tipo de normas administrativas están destinadas a ser cumplidas por la administración, pero su aplicación y efectividad no se concibe sin la simultánea presencia de los administrados o ciudadanos, como pueden ser, por ejemplo, los impuestos o la expropiación forzosa. - Hay un tercer grupo de normas cuyos destinatarios más directos son los particulares o administrados, pero que necesitan la presencia vigilante de la Administración como garante de su efectividad. A este grupo pertenecerían las normas de regulación de precios. En definitiva, de una manera muy simple, podemos definir el Derecho Administrativo como el Derecho de la Administración con unas características distintas y particulares de otras ramas del Derecho, es decir, un Derecho especial de la Administración. Si no existe esa especialidad, no existe el Derecho Administrativo, aunque actúe la Administración. Así ocurre en los países anglosajones, en los que la Administración actúa bajo el Derecho común.
Sí. Son las denominadas Pensiones No Contributivas, a las que tienen derecho las personas que habiendo cumplido 65 años, residan legalmente en España y lo hayan hecho durante 10 años, entre los 16 años y la edad de devengo de la pensión, 2 de los cuales, además, deberán ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud de prestación. El requisito indispensable es carecer de ingresos suficientes, ya que este tipo de pensiones son para hacer frente a situaciones de necesidad, garantizando unos ingresos mínimos a quienes carezcan de ellos.
Wednesday, June 14, 2006¿Qué características tiene la Constitución Española de 1978?De entre las consecuencias derivadas del consenso constitucional, cabe destacar cuatro, que afectan directamente a su estructura: a) La amplitud de las materias objeto de la regulación constitucional. Se realizó quizá con el deseo de garantizar una protección mínima de determinadas instituciones o situaciones frente a posibles cambios de futuro. De esta manera, la Constitución incluyó mandatos referentes no sólo a las instituciones clave del Estado -Cortes, Gobierno, Corona, Tribunal Constitucional y a diversas instituciones como son el Tribunal Supremo, Tribunal de Cuentas, Consejo de Estado, Colegios profesionales, Fuerzas Armadas, Universidades y Reales Academias. Ocurre lo mismo con las entidades territoriales, como son municipios, islas, provincias, Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla. También regula instituciones relativas a la ordenación de la vida económica y social, como son los derechos de la persona (de libertad, de participación, económicos) y los "principios rectores de la política social y económica". Por todo ello, la Constitución Española de 1978, y con ella el Derecho Constitucional, incluye distintos aspectos de otras ramas del Derecho. En España, como fruto del consenso y de una amplia pretensión garantista, se ha dado rango constitucional a los principios básicos del Derecho Civil (familia, patrimonio, propiedad), penal, financiero, etc. b) La diversa precisión e intensidad de la regulación constitucional de las diferentesmaterias sobre las que trata. En las que hubo mayor acuerdo fue posible efectuar una regulación más detallada. En otras materias, sin embargo, las normas se redujeron a aquellos aspectos sobre los que era posible una coincidencia de opiniones, dejando que posteriormente el legislador abordase en profundidad la cuestión. Por ello son abundantes las remisiones al legislador que en muchos casos se limita a regular aspectos básicos o esenciales. De esta manera también se evitaron confrontaciones en los que no existía acuerdo. Ejemplos son el jurado en los procesos penales o la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial. c) Ambigüedad. Ya que existen fórmulas que precisan una integración e interpretación detallada para hallar su verdadero sentido pero que sin embargo eran de presencia ineludible dentro del texto constitucional, como las disposición sobre los territorios forales.d) Defectos técnicos. El texto constitucional presenta defectos técnicos o desistemática, además de repeticiones innecesarias que acaso deben interpretarse como una interesada redundancia para hacer más hincapié en el aspecto que se intenta regular.
En absoluto, ya que se puede recurrir en responsabilidad administrativa, con una sanción por importe de 300,51 € (50.000 Ptas.) a 601,01 € (100.000 Ptas.), la suspensión del permiso de conducir por un periodo de hasta 6 meses y, en su caso, la retención del vehículo. La responsabilidad puede ser incluso penal, incurriendo en un delito de desobediencia grave que puede ser sancionado con pena de prisión de 6 meses a 1 año.
Sunday, June 11, 2006¿siempre ha de ser escrito el contrato de trabajo?No necesariamente. El Estatuto de los Trabajadores dice el contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito o de palabra. Por tanto, son válidos los contratos sin forma escrita, aunque la práctica general es el contrato por escrito, ya que da más seguridad a ambas partes. Sin embargo, lo anterior es válido sólo para el contrato típico, es decir, para el contrato por tiempo indefinido, ya que por imperativo legal todas las demás clases de contratos de trabajo han de formalizarse por escrito.
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