jueves, abril 29, 2010

Abogados y procuradores

Muchas veces oímos hablar de que para ir a juicio es necesario, además de abogado, es necesario procurador, ¿qué diferencia hay entre un abogado y un procurador? ¿Por qué son necesarios los dos?

Las leyes procesales españolas exigen que para poder acceder a la jurisdicción, es preciso comparecer mediante procurador y asistido de letrado (abogado) con la finalidad de evitar la indefensión.

Los procuradores son los profesionales que representan a la parte, mientras que la defensa se lleva a cabo por los abogados.

Esta exigencia de las leyes procesales españolas del acceso a la jurisdicción mediante procurador y asistido de letrado es lo que se conoce como capacidad de postulación, con el fin de se haga realidad el derecho a la defensa, la tutela judicial efectiva y que no se produzca indefensión

Ambos son licenciados en derecho. Los procuradores representan a la parte, llevan las notificaciones y tienen obligación de llevarlas al abogado, mientras el abogado lleva a cabo la estrategia de defensa, redacta los escritos, que han de ser firmados por los dos, así como estar ambos presentes en el juicio.

El letrado, abogado, puede actuar en cualquier lugar, mientas el procurador tan sólo en la demarcación judicial a la que pertenece su colegio.

Como conclusión y a grandes rasgos, el procurador es el que se encarga de todo el papeleo y de que no se produzca indefensión por defectos de forma, pérdidas de plazo, etc., mientras el abogado es el que se encarga de la defensa.

En los próximos posts ampliaremos las funciones y requisitos de cada uno de estos profesionales

miércoles, abril 28, 2010

Para un mismo ámbito de aplicación, ¿qué ley prevalece, la europea, la nacional, la autonómica o la local?

Cuando en un mismo ámbito de aplicación tenemos una directiva europea, una ley nacional, una ley autonómica o una ordenanza municipal, ¿cuál es la prioritaria?  

Vamos por partes.

Una directiva europea obliga a los estados miembros a su cumplimiento, sin embargo les deja libertad para que éstos lo desarrollen en su ámbito, a través de una ley. Esto se llama trasposición. Si en vez de una directiva, fuese un reglamento europeo, ya entraría en detalles.

Una vez que tenemos la ley nacional traspuesta de una directiva europea, ésta es de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional. Por supuesto que también en las comunidades autónomas, sin embargo éstas también pueden dictar normativa en el ámbito de su respectiva competencia. Pero como no pueden ir en contra de una ley nacional y una directiva, lo que pueden es restringir o desarrollarla, pero nunca ir en contra de lo dispuesto por ésta. Lo mismo sucedería, si fuese el caso, con una ordenanza municipal.  

No puede haber conflicto entre las mismas y si éste existiese, debe ser resuelto judicialmente.

miércoles, abril 21, 2010

¿Qué es el Estado?

Es una pregunta que es no fácil, aunque sea desde el punto de vista del Derecho Político.

El Estado es un pueblo organizado en un territorio sometido a un único poder. De esta manera, la soberanía se caracteriza por tres elementos: territorio, pueblo y poder soberano.

Analicemos cada una de ellas.

El territorio de un Estado es su ámbito geográfico o espacio físico, abarcando la tierra firme, el espacio aéreo, las aguas colindantes (hasta doce millas) y el subsuelo. En este territorio es donde se ejerce el poder del Estado, sin embargo no es el único, ya que también se ejerce fuera del mismo, en embajadas, aeronaves y naves comerciales.

El pueblo es el conjunto de ciudadanos con derecho al voto y sus descendientes menores. El que no es ciudadano no tiene por sí mismo el derecho al sufragio activo y pasivo, es decir derechos políticos. La población no es lo mismo que el pueblo, ya que ésta posee los derechos universales humanos, pero no el sufragio, tanto activo como pasivo. Los derechos de ciudadanía son los derechos vinculados al sufragio.

La idea de nación es muy vieja y está asociada a la idea de pueblo.

El poder soberano es hoy un concepto en transformación. Debido a la globalización están desapareciendo las fronteras culturales, económicas y empresariales. Las organizaciones supraestatales han contribuído a una cierta cesión de soberanía. Pero la soberanía existe mientras haya un único poder constituyente, que es el pueblo del
Estado. El pueblo es el poder constituyente y el poder soberano.

sábado, abril 03, 2010

Abogados muy poco serios

Son los de la película La tapadera (The firm, en su versión original), protagonizada por Tom Cruise en 1993. Un bufete de abogados, con el sugerente nombre de Bendini, Lambert y Lock es la tapadera de una gran organización mafiosa.

Aquí, vemos el trailer, en su versión original en inglés

lunes, marzo 15, 2010

Torero o ladrón

Este caso aparece en el Digesto, magna obra de Derecho Romano, auspiciado por el emperador bizantino Justiniano en el siglo VI, que recoge las sentencias de los jurisconsultos clásicos, es decir, es una recopilación de la jurisprudencia romana, que servía en forma de “citas” a los juristas de la época.


Cornelio, que tenía aficiones toreras, se puso delante de un rebaño de toros y sacando un trapo rojo hizo huir al ganado, que fue a parar a manos de unos ladrones que se lo apropiaron.

                                                                    Ulpiano, 37 ed. D. 47.2.50.4

                                                                    Gayo, 3.202

                                                                    Gayo, 30 ed. prov. D.47.2.51




Cuestiones:

Labeón distingue entre el propósito deportivo del torero y el furtivo del ladrón.

Gayo lo considera como un caso de complicidad


Respuestas al caso:

Doctrina de los veteres o antiguos juristas: atienden sólo al resultado, como un supuesto de daño a la propiedad de otra persona, luego procede la acción de hurto (actio furti) contra el que con un trapo rojo hace huir al ganado.

Labeón: si lo hizo con dolo malo, procede la acción de hurto (actio furti); pero si no lo hizo así, sino por aficiones taurinas, no debe permanecer sin castigo una afición tan perniciosa. Por tanto procedería una actio in factum, que puede servir para obtener una indemnización.

Gayo: Cuando el hurto o furtum se consideró una contrectatio rei aliena hay que tener en cuenta los posibles daños del ganado al precipitarse sobre un barranco, por tanto procedería una acción útil por el daño, a ejemplo de la ley Aquilia.

También lo considera, generalizando el caso, como una hipótesis de complicidad, aclarando a continuación que si no hubo intención de apropiación procedería contra el autor la acción por el hecho, siguiendo la ley Aquilia (actio in factum ad exemplum legis Aquiliae). Otra acción no precedería.

En el número de los cómplices se considera también el que hizo huir a tus ovejas o bueyes para que otros se los apropiaran… Pero si lo hizo por capricho y no con el fin de la apropiación debe castigarse su culpa con una acción por el hecho a ejemplo de la acción de la ley Aquilia.


Conclusiones

Existe una propiedad y posesión del ganado, contra la que se produce un daño.

Hay que distinguir la intención del autor (animus furandi), si hubo dolo malo se considera que existe hurto, mientras que si la intención fue “taurina” existiría damnum iniuria datum.

Si la condena es por hurto, el autor o los autores, se les condenaría a pagar el doble del valor del ganado.

Si la condena es por daño, el autor pagaría el valor máximo que alcanzó el ganado en ese mes.




martes, octubre 17, 2006

Garantías de reparación de los electrodomésticos

Recuerde que cuando adquiere un producto, también tiene derecho a exigir la reparación de ese producto si se estropea, siempre y cuando, eso si, que no se haya hecho un uso indebido del mismo.

Asegúrese de que la marca tiene un adecuado servicio de asistencia técnica. Desconfíe de la publicidad en la que aparece un número de teléfono de tarificación adicional, es decir, más caro (los 803, 806, 807...) o un móvil y no se indica un domicilio.

Conserve, junto al manual de instrucciones de los aparatos que compre, la tarjeta de garantía y la factura o ticket de compra.

Durante los primeros seis meses de garantía de un producto nuevo se presupone que el daño o avería viene de fábrica y el vendedor debe asumir los gastos de la reparación, tanto piezas, traslado, como horas de trabajo. Si han pasado esos seis meses, es el consumidor quien debe demostrar que el fallo viene de origen y que no ha sido provocado por un mal uso del producto (si así lo requiere el vendedor).

No manipule el aparato porque perderá el derecho de reclamar, aunque el defecto provenga de fábrica.

El tiempo de la garantía queda en suspenso durante el tiempo que el electrodoméstico esté en reparación.

La garantía legal y obligatoria del fabricante es de dos años. La garantía comercial, la que cada fabricante, vendedor, etc. añade voluntariamente a la legal, es interesante porque amplía el plazo legal de dos años. Pero no olvide que suele tener limitaciones frente a la obligatoria y que en algunos casos está condicionada al cumplimiento de determinados requisitos. Es habitual, por ejemplo, que establezca que el desplazamiento o las piezas tengan que abonarse.

No olvide que los bienes de segunda mano comprados a un empresario o profesional también gozan de una garantía mínima de un año.

La garantía legal y obligatoria del fabricante es de dos años

Sepa que puede exigir una indemnización por los daños o perjuicios derivados de la avería y el tiempo de reparación. Esto es, si adquiere una nevera y se estropea a la semana de compra, además de solicitar que se haga efectiva la garantía, puede exigir una indemnización por los alimentos que se han estropeado ante el mal funcionamiento del electrodoméstico.

Sin garantía, pida presupuesto

Si la garantía ya ha vencido, pida presupuesto en varios talleres de reparación, además de al servicio técnico.

Sondee por teléfono si merece la pena hacer la reparación, cuánto puede costarle, cuánto cobran por mano de obra y desplazamiento... Si comprueba que le interesa, pida el presupuesto por escrito. Debe detallar el precio final de la reparación, que habrá de incluir tanto la mano de obra como la sustitución de piezas y los gastos de desplazamiento, si los hubiera, las llamadas "salidas". Si no consta el IVA ni se dice expresamente "no incluido" se entiende incluido en el precio final.

No olvide que sólo está obligado al pago de la elaboración del presupuesto cuando, tras haberlo solicitado, no lo acepte.

Por la elaboración del presupuesto pueden cobrarle los siguientes importes:

Para pequeños aparatos de uso doméstico: el importe correspondiente a quince minutos de
mano de obra.

Para línea blanca: el correspondiente a treinta minutos.

Para línea marrón y electrónica: el correspondiente a una hora de mano de obra.

Si no acepta el presupuesto, le deben devolver el aparato en las mismas condiciones en que lo
entregó.

El presupuesto entregado debe ser válido hasta 30 días después de su comunicación.

Recuerde que en periodo de garantía no le pueden cobrar el desplazamiento, la mano de obra, las piezas ni los impuestos.

Si no está en garantía, es preferible que usted lleve el objeto a reparar. Evitará gastos.

Sólo le pueden cobrar una vez por desplazamiento a su domicilio. No importa si el arreglo conlleva varios viajes o si han acudido a la casa y no han podido trabajar porque estuviera ausente.

Si la reparación se realiza en casa, tiene derecho a que le informen con antelación de las tarifas de reparación.

Esté o no en garantía, solicite un resguardo en el que se justifique la entrega del electrodoméstico. Para ello el aparato deberá estar identificado: marca, línea, serie, etc.

Antes de llevarse el aparato a casa, o de que el técnico se marche, compruebe que funciona correctamente.

Una vez realizado el arreglo, retire el aparato cuanto antes. Pueden cobrarle en concepto de consigna por día de almacenaje a partir del plazo de un mes desde que se le comunicó que pasara a recogerlo. Solicite, incluso si está en garantía, una factura detallada en la que se especifique el CIF de la empresa, la reparación efectuada, las horas de trabajo, el precio de la mano de obra, las piezas sustituidas, el IVA y el plazo de garantía de la reparación.

Sepa que los talleres de reparación deben exponer de forma clara y visible los precios por hora de reparación y los gastos de desplazamiento.

Cerciórese de que las piezas sustituidas son nuevas. Tiene derecho a que le entreguen las antiguas.

La garantía mínima de reparación es de tres meses y cubre también los desplazamientos y las piezas reparadas o sustituidas, por eso es fundamental que conserve durante dicho periodo la correspondiente factura.

Información tomada de:

http://revista.consumer.es/web/es/20050601/practico/consejo_del_mes/

jueves, julio 06, 2006

Consecuencias de no atender una notificación de una multa a través del BOP.

1. Multa de 302 a 1500 euros y retirada del permiso si no identificamos al conductor ante el requerimiento publicado en el BOP.

2. Pérdida de la bonificación del 30% al 50% del importe de la multa.

3. No poder recurrir en plazo ante la notificación de la denuncia ( 15 días ) o presentar recurso de reposición o alzada en el plazo de 1 mes.

4. Recargos del 20% y posible embargo en cuentas o propiedadas ( Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. ), por procedimientos no abonados en periodo voluntario.

5. La posibilidad de pérdida de puntos del permiso de conducir por desconicimiento de la sanción. ( A partir del 1 de Julio de 2006 ).

Según el Articulo 72.3 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial.

3. El titular o el arrendatario del vehículo con el que se haya cometido una infracción, debidamente requerido para ello, tienen el deber de identificar verazmente al conductor responsable de la infracción. Si incumpliera esta obligación en el trámite procedimental oportuno, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de la infracción muy grave prevista en el artículo 65.5.i.En los mismos términos responderán las personas especificadas en el párrafo anterior cuando no sea posible notificar la denuncia al conductor que aquellos identifiquen, por causa imputable a ellos.Las empresas de alquiler sin conductor a corto plazo, acreditarán el cumplimiento de la obligación legal de identificar al conductor responsable de la infracción mediante la remisión, al órgano instructor correspondiente, de un duplicado o copia del contrato de arrendamiento donde quede acreditado el concepto de conductor de la persona que figure en el contrato.

Más información en (página comercial):

http://www.alertasbop.com/

domingo, junio 25, 2006

Los bienes comunales

El Texto Refundido de la Ley de Régimen Local de 1986 añade a los bienes demaniales y a los patrimoniales, los bienes comunales. Esta clase no aparece en los bienes estatales y autonómicos.

La legislación asigna su titularidad al municipio y la Constitución Española los asimila a los bienes de dominio públic

Los montes públicos

La Ley 43/2003 de Montes califica de bienes de dominio público:

a) Los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

b) Los montes comunales pertenecientes a las entidades locales, en tanto su aprovechamiento pertenezca al común de los vecinos.

c) Aquellos otros montes que, sin reunir las caracteristicas anteriores, hayan sido afectados a un uso o servicio público.

Subsuelo no minero

El Derecho español disocia la riqueza del subsuelo de la titularidad de la superficie.

Aunque el Código Civil, en su artículo 350 precribe que el propietario del terreno es dueño de su superficie y de lo que está debajo de ella, con sujeción a lo dispuesto en las Leyes sobre Minas y Aguas, lo cierto es que cada vez se impone la hipótesis más restrictiva, ya que se limitan o sustraen del propietario otras utilizaciones del subsuelo como ocurre con las aguas subterráneas (Ley de Aguas de 1985).

Bienes afectados al fomento de la riqueza nacional

Aparece esta denominación en el Código Civil, pero no así son reconocidos en el Dercho francés o italiano. Según el artículo 339 se ejemplifica las minas. Lo cierto es que las minas, una vez que se han concedido, no están afectadas a un servicio o uso público, sin embargo la doctrina así las considera.

Otros bienes de este tipo son los hidrocarburos, las aguas terrestres, las minero-medicinales y el demanio marítimo.

Bienes afectados a la Corona

El Patrimonio Real de España se denomina ahora, indebidamente, Patrimonio Nacional, según lo previsto en la Ley 23/1982 y su Reglamento de aplicación.

Son aquellos muebles e inmuebles afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la familia Real, como son los Palacios de Oriente, de Aranjuez, de El Escorial, etc.

Bienes afectados a un servicio público

El Código Cicil consideró estos bienes afectados a un servicio público a los de titularidad estatal. Pero la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas los amplia todos los de titularidad pública, es decir, también al servicio de la administración local y la autonómica.

Bajo este concepto son los edificios en los que se alojan oficinas o servicios de cualquier tipo, bastando que estén afectados a un servicio público.

Bienes afectados a un uso público

Son estos los bienes demaniales por naturaleza, tales como ríos, torrentes, riberas del mar, caminos, canales, puentes, etc. La legislación local los ha ampliado a carreteras, plazas, calles, etc.

Este número no se agota con la enumeración del Código Civil y la legislación local, sino que se entiende es abierta.

En el demanio natural, en el que se incluyen aguas terresters y marítimas, ha de incluirse el mar litoral y el espacio aéreo.

Ultimamente, el espacio radioeléctrico también se ha visto incluído en el dominio público, tal y como ha adminitido el Tribunal Constitucional.

Pero, en realidad, ¿qué bienes son de dominio público?

Según la Constitución Española son bienes de dominio público estatal, los que determine la Ley, y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de las zona económica y la plataforma continental.

Por otra parte, la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, considera bienes y derechos de dominio público a todos los que siendo de titularidad pública, están afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales.

Consecuentemente, podemos establecer una clasificación que ampliaremos en los siguentes posts:

- Bienes afectados al uso público
- Bienes afectados a un servicio público
- Bienes afectados a la Corona
- Bienes afectados al fomento de la riqueza nacional (las minas)
- Subsuelo no minero
- Montes públicos
- Bienes comunales

lunes, junio 19, 2006

¿Qué son los bienes públicos?

Son los bienes de que disponen las administraciones y los que están afectados a un uso público.

Existen dos tipos: bienes de dominio público y bienes patrimoniales.

Los bienes de dominio público o bienes demaniales son los que pertenecen a un ente público y están afectados a un uso público, un servicio público o al fomento de la riqueza nacional. Ejemplos: una calle, un instituto de enseñanza o las aguas. En cambio, los bienes patrimoniales pertenecen a las administraciones, pero no están afectados a un uso público, un servicio público, ni al fomento de la riqueza nacional, como, por ejemplo, el capital de sociedades públicas.

¿Qué requisitos son necesarios para acceder a las prestaciones por incapacidad temporal?

Son los siguientes:

- En el momento que se produce estar afiliado a la Seguridad Social, en alta o situación asimilada al alta.

- Encontrarse en una situación de incapacidad temporal, cuya prueba son los partes médicos de baja y de confirmación de la misma.

- En el caso de enfermedad común, tener cumplido un periodo de cotización de 180 días dentro de los 5 años anteriores al hecho causante. Este periodo no es exigible en el caso de accidente o enfermedad profesional.

¿A qué puede ser debida la incapacidad temporal?

Puede ser debida a enfermedad común o profesional (relacionada con el trabajo).

¿Qué es la incapacidad temporal?

Aparece recogida en el artículo 128 de la Ley de la Seguridad Social. Es aquella situación en la que el trabajador se encuentra imposibilitado para prestar su actividad laboral como consecuencia de una alteración de la salud, recibiendo asistencia sanitaria de la Seguridad Social y en proceso de curación.

¿Qué requisitos se necesitan para consituir una Mútua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales?

Son los siguientes:

- Concurrencia mínima de 50 empresarios y 30.000 trabajadores.

- Su actividad debe estar limitada a la protección, en régimen de colaboración, de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional, así como a la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de las contingencias comunes.

- Prestar fianza para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.