El Código Cicil consideró estos bienes afectados a un servicio público a los de titularidad estatal. Pero la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas los amplia todos los de titularidad pública, es decir, también al servicio de la administración local y la autonómica.
Bajo este concepto son los edificios en los que se alojan oficinas o servicios de cualquier tipo, bastando que estén afectados a un servicio público.
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